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Prórroga de la Implementación de Veri*factu hasta 2026

El Consejo de Ministros ha decidido posponer la entrada en vigor del sistema Veri*factu hasta 2026. 

 

 

A propuesta del Ministerio de Hacienda, se ha aprobado un Real Decreto que modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre. Este reglamento establece los requisitos para los sistemas y programas informáticos que soportan los procesos de facturación de empresarios y profesionales, así como la estandarización de los formatos de los registros de facturación. 

En diciembre de 2023, el Gobierno aprobó un reglamento para regular los sistemas informáticos de facturación utilizados por empresarios y profesionales. El objetivo es garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. 

 

Nuevas fechas de entrada en vigor:  

1 de enero de 2026 – personas jurídicas.

1 de julio de 2026 – personas físicas.

 

Estás a tiempo

El decreto aprobado el 1 de abril modifica el reglamento para dar más tiempo a los empresarios y profesionales para adaptar sus sistemas informáticos. La fecha límite para cumplir con las obligaciones previstas se amplía hasta el 1 de enero de 2026, en lugar del 1 de julio de 2025. 

Para el resto de los obligados tributarios, el plazo se extiende hasta el 1 de julio de 2026, facilitando su adaptación. 

Otras Modificaciones 

En esta modificación también se ha tenido en cuenta a los usuarios del Suministro Inmediato de Información (SII):

  1. Inicialmente, estos usuarios estaban eximidos de aplicar el Reglamento Verifactu.
  2. Sin embargo, quedaban sujetos al reglamento cuando:
    • Expidiesen facturas como destinatarios.
    • Actuasen como terceros en lugar de proveedores sometidos al reglamento.
  3. Con la nueva modificación, se evita la aplicación del nuevo sistema incluso para:
    • Facturas emitidas correspondientes a operaciones documentadas mediante facturas expedidas materialmente por el destinatario de la operación.

 

Esta medida forma parte del objetivo del Gobierno de luchar contra el fraude tributario y la economía sumergida, derivados del denominado ‘software de doble uso’, y desarrolla lo contemplado en la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal. 


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